La Dirección General de Migración de Bolivia activó una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación por presunto alzamiento armado vinculada a los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026. La medida fue confirmada este lunes por las autoridades migratorias y establece un mecanismo de control sobre los movimientos del exmandatario.

El director regional de Migración, Daniel Prieto, informó que la disposición fiscal ingresó al organismo el viernes, luego de una denuncia presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. A partir de esa instrucción, se ordenó activar el mecanismo de vigilancia sobre Morales.

Según explicó el funcionario, si el expresidente se presenta en un aeropuerto o en un puesto fronterizo terrestre, los agentes migratorios deberán comunicar inmediatamente la situación a la Policía Boliviana para que intervenga en el marco de las investigaciones.

Las autoridades aclararon que la alerta migratoria es un procedimiento administrativo de vigilancia y registro. Por lo tanto, no representa una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo y tampoco implica que Morales vaya a ser detenido automáticamente.

La investigación está relacionada con los bloqueos de carreteras protagonizados por sectores sindicales, campesinos y seguidores del exmandatario durante mayo y junio. Según los denunciantes, las medidas de presión ocasionaron importantes pérdidas económicas y afectaron el funcionamiento de distintas regiones del país.

Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros vinculados con la seguridad del Estado. La causa se inició después de la difusión de grabaciones telefónicas atribuidas al ex presidente, en las que supuestamente instruía cercar ciudades y suspender el suministro de alimentos durante las protestas.

Desde su entorno rechazaron las acusaciones, cuestionaron la autenticidad y legalidad de los audios y denunciaron una persecución política y judicial. El propio Morales aseguró que no abandonará Bolivia y que enfrentará los procesos en su contra.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2006 y 2019, permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo y la protección de sus seguidores.

La activación de la alerta migratoria representa un nuevo capítulo en la situación judicial de Morales, mientras continúa la investigación sobre su presunta participación en los hechos ocurridos durante los bloqueos de carreteras.