Este lunes comenzó en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, donde se debatirá la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por el Gobierno de Javier Milei que genera polémica tanto a nivel local como internacional.
La discusión se da luego de que el Ejecutivo formalizó en marzo de 2026 su intención de abandonar el organismo, siguiendo el camino que anteriormente había impulsado Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump. Sin embargo, la situación argentina presenta diferencias legales importantes, ya que la Constitución de la OMS no contempla un mecanismo claro para la salida de países miembros.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la legalidad de la medida. Argentina ingresó a la OMS en 1948 mediante una ley del Congreso, por lo que distintos sectores sostienen que la desvinculación también debería pasar por el Poder Legislativo. Aun así, desde el Gobierno interpretan que la salida puede avanzar sin una nueva ley específica.
Además, el debate ocurre en un contexto sanitario delicado por los recientes brotes de hantavirus vinculados a casos detectados en cruceros y otros puntos del país. En ese escenario, sectores médicos y organizaciones sanitarias advirtieron que abandonar la OMS podría afectar el acceso a información epidemiológica, cooperación internacional, vacunas y asistencia técnica frente a futuras emergencias.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), que participará de la asamblea en Ginebra, presentó una declaración firmada por miles de médicos en rechazo a la salida. En el documento sostienen: “Salir de la OMS implica romper la cooperación internacional” y remarcan que la medida podría aislar al país de espacios clave de decisión sanitaria global.
Mientras tanto, la Asamblea deberá definir cómo avanzar frente a un caso sin antecedentes dentro del organismo, en medio de posiciones divididas entre distintos países y crecientes tensiones diplomáticas por la decisión argentina.
