Una actualización de los valores de referencia utilizados para calcular los aranceles de inscripción y transferencia de vehículos generó polémica entre usuarios y operadores del sector automotor. La medida fue establecida mediante la Disposición 160/2026 del Ministerio de Justicia y comenzó a regir el 1° de agosto.
La disposición establece una nueva tabla de valores de referencia para automóviles y motovehículos, que es utilizada por los Registros Seccionales para calcular los costos de distintos trámites. Además, contempla que, cuando un modelo no figure en la tabla, se tome como referencia el valor correspondiente al año anterior y se le agregue un 8%.
El punto que generó mayor controversia es que los aranceles de los registros se calculan tomando como base el valor de los vehículos. Para la inscripción de un automóvil, el arancel representa el 1% del valor de referencia, por lo que una actualización de esas valuaciones puede incrementar el monto final que debe afrontar el propietario.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la disposición no implica un aumento de las tasas arancelarias. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que se trata de una actualización periódica y automática de los valores de los vehículos y no de una modificación del porcentaje que se cobra por los trámites.
La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques también anticipó que, cuando se produzca una actualización propiamente dicha de los aranceles, estará acompañada por otras medidas destinadas a reducir costos, entre ellas la eliminación de registros y una mayor implementación de la autogestión online.
La discusión se da en medio del proceso de transformación del sistema de registros automotores que impulsa el Gobierno, que busca reducir la estructura burocrática y avanzar hacia trámites digitales. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es disminuir los costos administrativos y facilitar las operaciones para los usuarios.
Por ahora, la polémica se concentra en el efecto que la actualización de los valores de referencia puede tener sobre el costo final de patentar o transferir un vehículo, pese a que el Gobierno insiste en que no modificó el porcentaje del arancel.
