El Gobierno de España anunció un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos y frenar los desalojos hasta 2030, después de las movilizaciones provocadas por el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. Las medidas deberán ser aprobadas por el Congreso para entrar en vigencia.
Entre las principales medidas se encuentra la extensión hasta 2030 de la protección frente a los desalojos. El paquete también contempla la prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 por un período adicional de dos años, con el objetivo de evitar que los inquilinos queden sin vivienda ante la finalización de sus contratos.
El Gobierno también anunció cambios para los alquileres de temporada y por habitaciones, además de restricciones a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión considerados fondos buitre. A esto se suma el acuerdo para avanzar con un sistema de renovación automática de los contratos de alquiler, que será incorporado mediante otra norma.
Las medidas fueron anunciadas luego de varios días de protestas en distintas ciudades españolas. En Madrid, cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol para reclamar cambios en las políticas de vivienda, mientras que las movilizaciones también se extendieron a otras ciudades del país. Los manifestantes reclaman, entre otras cuestiones, mayor protección para los inquilinos y medidas contra los desalojos sin una alternativa habitacional.
El caso de Maricarmen se convirtió en el centro de las protestas después de que la mujer fuera desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro. La mujer había vivido allí durante unos 70 años bajo un régimen de alquiler antiguo y su desalojo generó una fuerte reacción social, que impulsó nuevas demandas de organizaciones de inquilinos y movimientos vinculados con el derecho a la vivienda.
El Gobierno español deberá ahora buscar respaldo parlamentario para que las nuevas medidas puedan mantenerse. La propuesta se conoce en medio de una crisis habitacional marcada por el aumento de los precios de las viviendas y de los alquileres, además de una oferta que no alcanza a cubrir la demanda en las zonas más tensionadas. El debate sobre el acceso a la vivienda continuará así en el Congreso mientras avanzan las negociaciones sobre las nuevas normas.
