El oficialismo en la Cámara de Diputados busca avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y reunir los apoyos necesarios para obtener un dictamen de mayoría. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei genera diferencias entre los bloques por sus alcances y por los cambios que propone en materia de seguridad. Ante las dificultades para alcanzar consensos, el Ejecutivo aceptó revisar algunos puntos para sumar el respaldo de sus aliados parlamentarios.
Uno de los aspectos en discusión es la creación de mecanismos de control sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Durante las negociaciones, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, planteó la posibilidad de incorporar una comisión bicameral de supervisión. Sin embargo, el Gobierno rechazó el pedido del peronismo para votar el proyecto por capítulos y mantiene su postura de que la iniciativa debe aprobarse o rechazarse en conjunto.
El proyecto contempla sanciones para quienes participen sin autorización argentina en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. La propuesta amplía las disposiciones vigentes, centradas principalmente en los hidrocarburos, para incluir otras actividades económicas. También establece multas, penas de prisión e inhabilitaciones para personas y empresas involucradas en esas operaciones.
Las diferencias políticas se mantienen. Desde Unión por la Patria, el diputado Jorge Taiana cuestionó la iniciativa y sostuvo que excede la cuestión de Malvinas al introducir modificaciones en el sistema de seguridad nacional. En cambio, La Libertad Avanza defiende el proyecto y afirma que busca ampliar las herramientas legales del Estado para proteger los recursos argentinos y fortalecer el reclamo de soberanía.
El interbloque Provincias Unidas anticipó que presentará un dictamen propio y que no tendrá una posición unificada. Entre los artículos que generan cuestionamientos figuran las sanciones para quienes financien o coordinen campañas de desinformación y las restricciones al financiamiento y asesoramiento extranjero en campañas políticas.
El proyecto continuará en debate en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. El oficialismo buscará acercar posiciones para conseguir el dictamen y reunir los votos necesarios para llevar la iniciativa al recinto, mientras la oposición reclama revisar distintos artículos antes de avanzar con su tratamiento.
