El Gobierno nacional oficializó este miércoles dos operaciones de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de hasta US$1.300 millones. Los fondos estarán destinados a sostener el esquema de subsidios energéticos para hogares vulnerables y avanzar con la modernización de la administración pública. Las medidas quedaron formalizadas mediante los decretos 1177 y 1178, publicados en el Boletín Oficial.
El primero de los créditos contempla hasta US$500 millones para el programa de Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables. La iniciativa busca mejorar la asignación de la asistencia estatal para el consumo de gas y resguardar a los sectores de menores ingresos durante la transición hacia un esquema de tarifas con mayor cobertura de los costos del servicio.
Según los detalles del programa, el financiamiento alcanzará a alrededor de 1,2 millones de hogares que reciben asistencia para el consumo de gas natural por redes y a unos 3,5 millones de usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas. El crédito tendrá un plazo de desembolso de cuatro años y se devolverá en cuotas semestrales durante 25 años, con un período de gracia para el pago del capital. También se contempla el reconocimiento de gastos realizados desde el 28 de abril de 2026 por hasta US$100 millones para subsidiar el consumo de gas.
La segunda operación está vinculada con el programa Transformación del Estado Nacional I, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del gasto público y modernizar la administración. Aunque la línea de crédito condicional prevista alcanza los US800millones,enestaprimeraetapaseaprobóunpréstamodehastaUS300 millones. Los recursos se utilizarán para actualizar los sistemas de gestión, fortalecer las capacidades tecnológicas y mejorar los procedimientos administrativos del sector público.
La implementación de ambos programas estará a cargo del Ministerio de Economía, mediante las áreas correspondientes. En el caso de los subsidios energéticos, intervendrá la Secretaría de Energía, mientras que el programa de modernización estatal será coordinado por la Secretaría de Hacienda. Los decretos también habilitan a funcionarios del área económica a suscribir los contratos y la documentación necesaria para ejecutar las operaciones.
Con estas medidas, el Gobierno busca contar con financiamiento internacional para sostener la asistencia energética y avanzar en su plan de reforma de la administración pública. Sin embargo, los US1.300millonescorrespondenalmontomáximodelasdosoperacionesynoaundesembolsoúnicoinmediato:elprogramaenergéticocontemplahastaUS500 millones y la primera etapa de modernización del Estado, hasta US$300 millones, dentro de una línea más amplia de crédito.
