La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y al conjunto de los legisladores para reclamar que se retome de manera urgente el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas online. La Iglesia advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario en noviembre si no se trata antes de que venza el plazo.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 27 de noviembre de 2024, pero permanece frenado en el Senado. Si no avanza durante las próximas semanas, perderá estado parlamentario y deberá comenzar nuevamente su recorrido legislativo. Por ese motivo, la comisión episcopal pidió que se alcancen los acuerdos necesarios para convertir la propuesta en ley.
En el documento, la CEPAS sostuvo que la ludopatía dejó de ser una preocupación a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles en las familias, las escuelas, los clubes y las comunidades. Además, señaló que la falta de respuestas legislativas traslada los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios a las personas afectadas y a su entorno, mientras continúan los beneficios económicos de la actividad.
La Iglesia también puso el foco en el crecimiento de las apuestas online entre niños, adolescentes y jóvenes. Para respaldar su preocupación, mencionó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de estas prácticas, especialmente en los sectores más vulnerables. El organismo insistió en que el Estado debe fortalecer la prevención y establecer controles para reducir los riesgos asociados al juego.
La iniciativa aprobada por Diputados contempla restricciones a la publicidad de apuestas en medios de comunicación, plataformas digitales, eventos y camisetas deportivas. También propone sanciones para quienes promocionen estas actividades, mecanismos de verificación de identidad para ingresar a las plataformas, un régimen de autoexclusión y la prohibición de utilizar tarjetas de crédito para apostar. Sin embargo, el Gobierno presentó este año una propuesta propia que contiene diferencias respecto del texto original.
El reclamo de la Iglesia se suma a otros pronunciamientos realizados desde 2024 para exigir una regulación de las apuestas en línea. En la carta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social pidió a los senadores que prioricen la protección de las personas y avancen con el debate antes de que el proyecto quede archivado. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, sostuvo la entidad, que volvió a reclamar una respuesta legislativa urgente.
