La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 que se habían impuesto al Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada este jueves por la Sala III, que ordenó tramitar con efecto suspensivo la apelación presentada por el Estado.
La sanción había sido dispuesta el miércoles por el juez federal Martín Cormick contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien responsabilizó por el incumplimiento de la orden judicial. El magistrado había fijado una multa de $100.000 por cada día de demora y advertido que el monto podía modificarse, al igual que los funcionarios alcanzados, si persistía la situación.
La medida cautelar exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El juez había tomado la decisión luego de considerar que el Gobierno no acreditó el cumplimiento de esas obligaciones, pese a las intimaciones previas. El reclamo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Ante la sanción, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso para cuestionar la decisión y solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo. El planteo había sido rechazado en primera instancia, por lo que el Estado recurrió a la Cámara. Finalmente, los jueces hicieron lugar a la queja y dispusieron que el recurso se tramite con ese efecto, lo que deja en pausa la aplicación de las multas mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, la resolución no determina si el Gobierno cumplió efectivamente con la cautelar ni resuelve la controversia de fondo sobre la aplicación de la ley. La suspensión alcanza a las sanciones económicas, pero no deja sin efecto la orden judicial que exige actualizar los salarios universitarios y garantizar los recursos para las becas.
El conflicto se desarrolla en medio de la disputa entre el Gobierno y las universidades públicas por el financiamiento del sistema. La decisión judicial se conoció el mismo día en que estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales participaron de una nueva Marcha Federal Universitaria. Mientras continúa el trámite de la apelación, la Justicia deberá analizar los planteos de las partes y determinar cómo sigue la causa.
