El proceso judicial contra el cardiólogo Javier Fernández, acusado de abuso sexual por su exesposa, Constanza Lee, vuelve a estar bajo cuestionamientos por las demoras que atravesó desde el inicio de la denuncia. La querella advirtió sobre nuevas dilaciones en una causa que comenzó en 2020 y que lleva más de seis años sin llegar a la instancia de debate oral.

El juicio debía comenzar el 1 de octubre, pero fue suspendido dos días antes a raíz de un pedido de la defensa del médico para incorporar documentación de otro expediente judicial. La presentación estaba vinculada con una causa familiar relacionada con el cuidado personal de la hija menor que tienen en común Lee y Fernández.

La suspensión generó fuertes críticas por parte de la denunciante y sus abogados, quienes consideraron que el planteo se presentó fuera de la etapa correspondiente para ofrecer pruebas. Desde la querella sostuvieron que la incorporación de nuevos elementos debía justificarse por su relevancia y por tratarse de hechos desconocidos al momento de presentar la prueba, condiciones que, a su entender, no se cumplían en este caso.

La jueza Cecilia Flores Toranzos analizó el pedido y finalmente rechazó incorporar el expediente de familia como prueba en la causa por abuso sexual. Tras esa resolución, se estableció una nueva fecha para el inicio del juicio: el 10 de noviembre. La magistrada también aceptó la participación de tres organizaciones como amigas del tribunal: el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Fundación Género y Masculinidad y la Fundación Cintia Fernández.

El abogado de Lee, Martín Plaza, había cuestionado la postergación y señalado que, desde la perspectiva de la querella, la sucesión de planteos podía constituir una estrategia dilatoria. También advirtió sobre el impacto que las nuevas demoras pueden tener en la denunciante, al prolongar un proceso judicial que lleva años esperando una resolución. Estas objeciones forman parte de la postura de la representación de Lee y deberán analizarse dentro del procedimiento judicial.

Con la nueva fecha fijada para noviembre, el caso se encamina a una instancia decisiva después de un extenso recorrido judicial. Fernández está acusado en la causa y su responsabilidad penal deberá determinarse durante el juicio. Mientras tanto, la querella insiste en la necesidad de que el debate se concrete y que el proceso avance sin nuevas postergaciones.