El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para profundizar la reducción del empleo estatal. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.
La inscripción estará habilitada entre el 1 y el 30 de noviembre, aunque la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá extender el plazo por única vez durante un máximo de 30 días corridos. La adhesión no garantiza la aceptación automática: las autoridades podrán rechazar solicitudes cuando consideren que la desvinculación afecta la continuidad o el funcionamiento de las áreas involucradas.
El monto que recibirá cada trabajador dependerá de su edad, antigüedad y situación previsional. Para los empleados más jóvenes, el esquema contempla un sueldo por cada año de servicio, con un límite de 20 remuneraciones y adicionales según la antigüedad. Para quienes estén próximos a la edad jubilatoria, se establecieron modalidades específicas de compensación, que incluyen pagos únicos o una prestación mensual equivalente al 60% del sueldo durante un máximo de 36 meses, según cada caso.
Uno de los puntos centrales del decreto es que los puestos de quienes se incorporen al régimen serán eliminados. De esta manera, el Ejecutivo busca que las desvinculaciones se traduzcan en una reducción permanente de la estructura estatal y no en vacantes que puedan cubrirse posteriormente con nuevas contrataciones.
El programa también establece restricciones para quienes acepten el retiro: no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación. Además, quedan excluidos determinados sectores, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Tampoco podrán acceder quienes estén procesados por delitos contra la administración pública o ya reúnan los requisitos para jubilarse.
La iniciativa se suma a otras medidas de reducción de personal impulsadas desde el inicio de la gestión de Milei. Según datos oficiales citados en los últimos informes sobre empleo público, la dotación de la Administración Pública Nacional y de las empresas y sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Con este nuevo régimen, el Gobierno busca profundizar el recorte y reorganizar las estructuras de la administración nacional.
