La Justicia Federal de Brasil ordenó al Gobierno garantizar que los pueblos indígenas de todo el país puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para este domingo 25 de octubre. La resolución establece que las autoridades deberán brindar transporte gratuito, alimentación y asistencia lingüística para facilitar el acceso a los centros de votación.
La medida fue dictada por la jueza federal Maria Carolina Valente do Carmo, de la Justicia Federal del estado de Pará, tras un pedido del Ministerio Público Federal. El Gobierno cuenta con un plazo de 24 horas para adoptar las medidas necesarias y, ante un incumplimiento injustificado, podría recibir una multa diaria de un millón de reales, equivalente a unos 200.000 dólares.
El fallo responde a las dificultades registradas durante la primera vuelta electoral, realizada el 4 de octubre. Según las denuncias presentadas, distintas comunidades tuvieron problemas para trasladarse hasta los lugares de votación debido a la falta de vehículos, embarcaciones y combustible. También se señalaron obstáculos vinculados con la ausencia de personal que pudiera comunicarse en las lenguas indígenas.
La resolución dispone que el Estado garantice traslados por vía terrestre, fluvial o aérea, según las necesidades de cada comunidad, y que proporcione alimentos durante los recorridos. Además, deberá ofrecer apoyo financiero y logístico a los municipios que lo necesiten, así como coordinar acciones con organismos indígenas, autoridades sanitarias, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
En los centros electorales donde sea necesario, también deberán habilitarse intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas. El objetivo es que las barreras geográficas, económicas o lingüísticas no impidan la participación de los votantes en los comicios.
Brasil cuenta con 287.157 electores indígenas habilitados para votar en las elecciones de 2026, un 84% más que en los comicios municipales de 2024, según datos del Tribunal Superior Electoral citados por el Ministerio Público Federal. Las dificultades denunciadas durante la primera vuelta afectaron a comunidades de distintos estados, entre ellos Pará, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso y Pernambuco.
La orden judicial tiene alcance nacional y busca garantizar condiciones concretas para el ejercicio del sufragio. La medida es provisoria y la Justicia continuará analizando el caso, que también incluye un pedido para establecer un plan permanente de accesibilidad logística y lingüística electoral para futuras elecciones.
