La Argentina inició este martes una nueva instancia de reclamo internacional contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El Gobierno nacional busca obtener medidas provisionales que impidan el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias se desarrollarán entre el 10 y el 11 de noviembre y representan una instancia judicial inédita, ya que será la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas. La presentación argentina apunta a evitar que las compañías comiencen las tareas de extracción previstas para los próximos años.
La delegación oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e integrada por representantes de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. El equipo cuenta además con especialistas internacionales en derecho marítimo y solución de controversias, que acompañarán la defensa de los argumentos argentinos.
Entre los pedidos presentados ante el tribunal, el Gobierno solicitó que se suspendan las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos, que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones en la zona y que se preserven los datos obtenidos durante las tareas de exploración. También reclamó medidas para evitar posibles daños al ecosistema marino y que no se agrave la disputa entre ambos países.
El proyecto Sea Lion es desarrollado por las compañías Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido. La iniciativa contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, con perforaciones previstas para 2027 y el inicio de la producción comercial estimado para 2028. Desde Buenos Aires sostienen que estas actividades afectan los derechos soberanos argentinos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.
Por su parte, el Reino Unido rechaza el reclamo argentino y sostiene que el proyecto se desarrolla bajo la autoridad de las instituciones de las islas. La controversia se enmarca en la disputa de soberanía que ambos países mantienen desde 1833 y que tuvo su capítulo más grave durante la guerra de 1982.
Una vez finalizadas las exposiciones, el Tribunal del Mar deberá analizar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. La decisión no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía de las islas, pero podría establecer condiciones para frenar temporalmente el avance de las actividades petroleras mientras continúa el proceso de arbitraje internacional.
