La Argentina insistió este miércoles ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, en la necesidad de frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. Durante la última jornada de audiencias, la delegación nacional solicitó que se dicten medidas cautelares para impedir el avance del proyecto Sea Lion, que prevé la extracción de hidrocarburos en aguas cuya soberanía reclama nuestro país.
En su exposición, el jurista argentino Marcelo Kohen cuestionó la posición del Reino Unido y recordó que las Islas Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, pendientes de descolonización. También sostuvo que la disputa de soberanía alcanza tanto al territorio insular como a los espacios marítimos que lo rodean.
Kohen hizo referencia a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la controversia. Además, cuestionó que la delegación británica no reconociera durante sus argumentos la existencia de un conflicto de soberanía sobre el archipiélago.
Uno de los planteos centrales estuvo a cargo del jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, quien advirtió sobre las consecuencias de permitir que avance la explotación petrolera. “Si no es ahora, nunca lo será”, sostuvo al defender la urgencia de una intervención del tribunal. Según explicó, una vez iniciadas las perforaciones, previstas para marzo de 2027, podría resultar imposible preservar la situación actual.
El proyecto Sea Lion está a cargo de las empresas Navitas, de origen israelí, y Rockhopper, del Reino Unido. El plan contempla la instalación de un sistema de producción en el lecho marino, con hasta 26 pozos y una extracción estimada de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años. La producción comenzaría en 2028.
Por su parte, el asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, reiteró la voluntad argentina de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para resolver la disputa. También solicitó que el tribunal conceda cuatro medidas: impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos, prohibir el uso de información obtenida durante la exploración, permitir la participación argentina en la protección del medio marino y exigir que Londres se abstenga de adoptar nuevas decisiones que agraven el conflicto.
La delegación británica, en cambio, defendió el desarrollo del proyecto y sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a explotar sus recursos naturales en virtud del principio de autodeterminación. También argumentó que las actividades cumplen con las disposiciones internacionales aplicables.
Tras escuchar las exposiciones de ambas partes, el Tribunal deberá analizar si tiene competencia para intervenir y resolver el pedido de medidas provisionales. La decisión podría conocerse hacia fines de noviembre o principios de diciembre. Mientras tanto, la Argentina busca impedir que el avance de las operaciones petroleras genere cambios que, según su postura, puedan resultar irreversibles para los recursos naturales y la disputa por la soberanía de las islas.
