Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. La tragedia ocurrió en 2017, durante una misión de patrullaje, y dejó interrogantes sobre las condiciones en las que navegaba la embarcación y las responsabilidades de las autoridades de la Armada Argentina.
Durante la investigación judicial se conocieron distintos informes que advertían sobre problemas técnicos y de mantenimiento. Uno de los documentos incorporados al juicio fue el acta de una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina, realizada el 30 de abril de 2017 en Mar del Plata. Allí, el entonces comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado una serie de fallas detectadas después de la reparación de media vida.
Entre los inconvenientes mencionados figuraban problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores y ruidos en la línea de eje. También se habían registrado filtraciones entre un tanque de combustible y uno de baterías.
El documento señalaba que el submarino acumulaba 39 meses sin el mantenimiento previsto. Aunque se había establecido que podía operar bajo determinadas restricciones, con una profundidad máxima de 100 metros, el Consejo recomendó gestionar de manera urgente su ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.
El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017. El 15 de noviembre sufrió una avería crítica y perdió comunicación con las autoridades. Un año después, sus restos fueron localizados a unos 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
El proceso judicial para determinar las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes concluyó el 8 de julio de 2026, después de cuatro meses de audiencias ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El único condenado fue el excapitán de navío Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado muerte.
En el mismo veredicto fueron absueltos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. La sentencia también estableció para Villamide una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
Durante el juicio declararon familiares de los submarinistas, quienes reclamaron explicaciones sobre las condiciones en las que la embarcación había iniciado su última misión. Sus testimonios también expusieron las consecuencias personales y familiares que dejó la tragedia. Tras conocerse el veredicto, las querellas adelantaron que recurrirían las absoluciones y la sentencia, por lo que el proceso continúa con planteos de revisión judicial.
A nueve años del hundimiento, la tragedia del ARA San Juan sigue marcada por el recuerdo de sus 44 tripulantes, las advertencias sobre el estado de la embarcación y el reclamo de sus familias para que se determinen todas las responsabilidades.
