Representantes de las siete provincias productoras de tabaco de la Argentina participaron de una jornada federal en Buenos Aires para impulsar una agenda común destinada a fortalecer la actividad, garantizar la sustentabilidad de los productores y proteger el empleo en las economías regionales. El encuentro fue organizado por la Federación Argentina de Productores Tabacaleros (FAPT) y el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad reunió a más de 100 participantes de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Chaco y Misiones, entre ellos legisladores nacionales y provinciales, funcionarios públicos, representantes sindicales y referentes de las cámaras tabacaleras. Durante la jornada se analizaron los principales desafíos económicos y productivos del sector, con especial atención en el Fondo Especial del Tabaco (FET), la actualización de los impuestos y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Uno de los planteos centrales estuvo relacionado con la necesidad de incorporar las nuevas manufacturas de tabaco y nicotina al régimen de Impuestos Internos y al Fondo Especial del Tabaco. En ese marco, el senador provincial salteño y dirigente de la Cámara del Tabaco, Enrique Cornejo, presentó un proyecto de ley consensuado entre las cámaras del sector, que propone establecer alícuotas diferenciadas para las distintas categorías de productos.

Según lo expuesto durante el encuentro, la iniciativa podría generar una recaudación adicional cercana a los US$ 300 millones a partir de los nuevos productos. El objetivo es ampliar la base de aportantes al fondo y actualizar el marco tributario frente a las transformaciones del mercado.

Por otra parte, el secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Manuel Paz Posse, presentó una propuesta dirigida a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para incorporar códigos QR a los sistemas de control de comercialización. La herramienta permitiría mejorar la trazabilidad de los productos, fortalecer la fiscalización y detectar posibles irregularidades en la declaración de las operaciones.

Durante la jornada también se advirtió sobre el impacto de la subdeclaración de algunas empresas manufactureras. De acuerdo con las estimaciones presentadas, estas prácticas podrían ocasionar una pérdida cercana a los US$ 500 millones anuales en la recaudación nacional.

Otro de los ejes del encuentro fue la importancia económica y social de la cadena tabacalera, que genera aproximadamente 300.000 puestos de trabajo en todo el país. Los participantes coincidieron en que resulta necesario avanzar hacia reglas más claras, mejorar los controles y garantizar que los recursos correspondientes lleguen tanto al Estado nacional y las provincias como a los productores.

Las propuestas recibieron el respaldo de los representantes políticos y productivos presentes, que acordaron continuar trabajando en una agenda federal para fortalecer la competitividad, la formalización y el desarrollo de la actividad. El encuentro permitió consolidar una posición conjunta de las siete provincias tabacaleras frente a los desafíos normativos, fiscales y productivos que enfrenta el sector.