El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniwz, advirtió que detrás del contrabando en la frontera salteña operan grandes organizaciones delictivas internacionales y cuestionó las condiciones en las que trabajan los bagayeros. El dirigente sostuvo que el problema no puede analizarse únicamente desde la actividad de quienes trasladan mercadería de manera informal, sino que requiere investigar toda la cadena comercial que se beneficia de ese circuito.
Hryniwz consideró que definir a los bagayeros simplemente como trabajadores fronterizos deja de lado la precariedad en la que desarrollan sus tareas. Según expresó, muchas de estas personas dependen del traslado de productos para obtener ingresos, mientras que las mayores ganancias quedarían en manos de estructuras comerciales más amplias. En ese sentido, afirmó que se trata de trabajadores que se encuentran en una relación de explotación.
El representante de CAME remarcó que, al seguir la cadena de comercialización de la mercadería que cruza la frontera, aparecen organizaciones que operan a escala internacional. Por eso, señaló que las medidas de control y las restricciones por sí solas no alcanzan para resolver el problema, que también está relacionado con las diferencias económicas entre ambos lados de la frontera y la falta de alternativas laborales formales.
Frente a este escenario, el dirigente reclamó una legislación que permita regular el comercio fronterizo, establecer mecanismos de control sobre los productos y generar oportunidades de empleo registrado. La propuesta apunta a contemplar las particularidades de las localidades limítrofes y ofrecer herramientas para que parte de la actividad que actualmente funciona en la informalidad pueda incorporarse a circuitos legales.
Hryniwz también defendió a los comerciantes que trabajan formalmente en localidades salteñas como Orán, Pichanal y Metán. Advirtió que estos negocios deben cumplir con sus obligaciones tributarias y sostener puestos de trabajo, mientras enfrentan la competencia de productos que ingresan al país por canales irregulares. Según planteó, el Estado debe garantizar condiciones más equitativas para quienes desarrollan sus actividades dentro del sistema legal.
Finalmente, el representante de CAME sostuvo que la solución requiere combinar controles contra el comercio ilegal con políticas económicas y sociales que reduzcan la dependencia de estas actividades. Para la entidad, formalizar el intercambio fronterizo, atraer inversiones y generar puestos de trabajo registrados son medidas necesarias para proteger al comercio local y abordar las causas estructurales del contrabando en el norte argentino.
