La expresidenta Cristina Kirchner formalizó este martes una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar la revisión de la condena dictada en la causa Vialidad. Su equipo de abogados incorporó nueva evidencia al planteo y cuestionó distintos aspectos del proceso judicial que terminó con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación fue realizada por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria. El objetivo planteado por la defensa ante el organismo internacional es que se revise la situación y que se deje sin efecto la inhabilitación que le impide ocupar cargos públicos.
Entre los elementos incorporados por la defensa se encuentra información vinculada con la distribución de fondos destinados a la obra pública durante el período analizado en la causa. Los abogados habían presentado previamente estos elementos y sostienen que podrían cuestionar parte de los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.
La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmara la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2. De esta manera, la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU constituye una nueva vía impulsada por los abogados para cuestionar la decisión judicial.
La defensa busca además que el caso sea incluido en la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos, prevista para octubre. El organismo, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.
El planteo internacional no modifica por sí mismo la condena vigente ni la situación judicial de Cristina Kirchner. Los abogados buscan que el Comité analice los cuestionamientos formulados al proceso y se pronuncie sobre las presuntas vulneraciones de derechos denunciadas por la defensa, en particular respecto de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
