Diego Santilli asumirá como representante del Estado Nacional en el directorio de YPF y ejercerá el cargo ad honorem. El jefe de Gabinete ocupará el puesto de director titular por la Clase A, una función que ya desempeñaron anteriores titulares de la Jefatura de Gabinete, pero decidió renunciar expresamente a la remuneración correspondiente al cargo.

La designación le permitirá representar al Estado a través de la denominada “Acción de Oro”, una participación que le otorga facultades especiales dentro de la compañía. Entre ellas se encuentran el poder de veto sobre decisiones estratégicas, la capacidad de intervenir directamente en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante frente a eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de YPF. 

El Directorio de la petrolera está compuesto por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos. Dentro de esa estructura, el representante estatal tiene la función de ejercer de manera exclusiva la representación de las acciones Clase A y resguardar los intereses del Estado Nacional en las decisiones estratégicas de la empresa. 

Santilli ocupará el lugar que había quedado vacante tras la salida de Manuel Adorni. La incorporación del jefe de Gabinete se produce además mientras el Gobierno busca reforzar su agenda política y mantener el diálogo con los gobernadores, luego de algunos reveses legislativos registrados en el Senado.

En ese contexto, Santilli mantuvo este lunes una reunión con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con quien firmó un convenio para delegar en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. El acuerdo contempla tareas de financiamiento, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014. 

Desde el Gobierno destacaron que la incorporación de Santilli a YPF se encuadra en una función institucional que ya fue ocupada por otros jefes de Gabinete. La principal particularidad en este caso será que el funcionario no percibirá una remuneración adicional por sus tareas como representante del Estado en la petrolera.