La Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno para ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre y contempla un nuevo régimen que ya no se limita a la explotación de hidrocarburos, sino que alcanza a otros recursos naturales renovables y no renovables. La propuesta incluye a las actividades desarrolladas en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Uno de los principales cambios consiste en la derogación de la Ley 26.659 y en la incorporación de nuevas sanciones para las actividades realizadas sin autorización argentina. El texto también alcanza a quienes faciliten las operaciones mediante servicios, financiamiento, logística o asistencia esencial, y contempla restricciones para desarrollar actividades económicas y contratar con el Estado nacional.
La iniciativa establece además penas de prisión para determinadas conductas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales. Para la extracción de hidrocarburos, el proyecto contempla penas de entre 15 y 20 años, multas equivalentes a entre 150.000 y tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El debate comenzará con una reunión informativa en la que participarán expositores invitados. El oficialismo prevé continuar el tratamiento el 6 de octubre, cuando buscaría cerrar la discusión y avanzar con los dictámenes correspondientes, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto al día siguiente.
Además del régimen de sanciones, el proyecto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno sobre la cuestión Malvinas y busca establecer nuevas herramientas legales frente a la explotación de recursos que el Estado argentino considera no autorizada.
