La Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei. El oficialismo buscará alcanzar un acuerdo con los bloques aliados para avanzar con la firma de los dictámenes y llevar la iniciativa al recinto el próximo 21 de octubre. Sin embargo, las diferencias sobre varios artículos mantienen en duda la posibilidad de cerrar un consenso durante la jornada.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal está previsto para las 15. Será la cuarta reunión destinada a analizar la propuesta, que combina sanciones por la explotación no autorizada de hidrocarburos en las Islas Malvinas con modificaciones en las leyes de Seguridad Interior e Inteligencia. El Gobierno pretende mantener todos los puntos dentro de un mismo proyecto.
Los bloques dialoguistas todavía reclaman cambios en distintos artículos antes de acompañar la iniciativa. Entre los planteos figuran mayores mecanismos de control parlamentario sobre las políticas de seguridad nacional y las modificaciones vinculadas con inteligencia. Ante estos pedidos, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, anticipó que el Ejecutivo analiza incorporar una comisión bicameral para supervisar el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional.
Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, propuso separar el capítulo referido a las sanciones por la explotación de recursos naturales en Malvinas del resto de las reformas. La intención es debatir por separado las medidas vinculadas con la soberanía y los cambios en materia de seguridad e inteligencia. Sin embargo, el Gobierno rechazó esa alternativa y sostiene que la iniciativa debe tratarse como un conjunto.
Uno de los puntos que genera mayores cuestionamientos es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública. También hay reparos sobre las restricciones al financiamiento y al asesoramiento extranjero en campañas políticas. Provincias Unidas anticipó que presentará un dictamen propio, mientras que otros bloques mantienen abiertas las negociaciones con el oficialismo.
El proyecto establece un nuevo régimen de sanciones para las empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La discusión parlamentaria se produce, además, después de que el Gobierno anunciara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion. El resultado de las negociaciones en Diputados será determinante para saber si el oficialismo consigue avanzar con el dictamen y sostener su objetivo de llevar la iniciativa al recinto la próxima semana.
