La causa $LIBRA enfrenta un nuevo obstáculo judicial luego de que se presentaran dos pedidos de recusación contra integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Las presentaciones buscan apartar a los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, lo que mantiene en suspenso la posibilidad de que los inversores afectados recuperen su condición de querellantes en el expediente.

Uno de los planteos fue presentado por Mauricio Novelli, uno de los once imputados que fueron sobreseídos en la causa. Su defensa solicitó apartar a la jueza Ledesma al considerar que mantiene vínculos con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dos organizaciones que intentaron intervenir como querellantes en la investigación.

Según el argumento de la defensa, la participación de esas entidades y sus cuestionamientos públicos a decisiones judiciales vinculadas con el expediente podrían comprometer la imparcialidad de la magistrada. El pedido se produjo después de que Ledesma votara junto al juez Alejandro Slokar para habilitar la revisión del apartamiento de los damnificados de la causa.

El segundo pedido fue presentado por Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco inversores afectados por la presunta criptoestafa. En este caso, la presentación apunta contra el juez Yacobucci y cuestiona que su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, ocupe un cargo jerárquico en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

La defensa de Marchetto sostiene que esa relación podría generar un conflicto de intereses, debido a que el posible lavado de activos constituye uno de los aspectos centrales de la investigación. Por ese motivo, solicitó que el magistrado sea apartado de la intervención en el expediente.

La Sala II también está integrada por Alejandro Slokar, quien es el único de los tres magistrados que no recibió cuestionamientos. Por el momento, fuentes judiciales indicaron que no existe una resolución sobre las recusaciones y que primero deberá definirse quiénes estarán habilitados para intervenir en el caso.

El escenario demora una decisión importante para los damnificados. El pasado 4 de noviembre, Ledesma y Slokar habían habilitado, por mayoría, las presentaciones de los inversores que buscan recuperar su lugar como querellantes, mientras que Yacobucci votó en disidencia. Esa resolución no significó su reincorporación automática, sino que abrió la posibilidad de revisar las decisiones que los habían apartado.

De esta manera, la causa $LIBRA vuelve a quedar atravesada por disputas judiciales sobre la imparcialidad de los magistrados y la participación de los afectados. Mientras se resuelven los pedidos de recusación, continúa pendiente la definición sobre el regreso de los inversores como querellantes y su posibilidad de impulsar nuevas medidas dentro de la investigación.