La negociación de la Ley de Inocencia Fiscal se complicó en la Cámara de Diputados y el antecedente de Manuel Adorni aparece como uno de los principales obstáculos para que el oficialismo consiga avanzar con el proyecto. La Libertad Avanza mantiene como objetivo obtener dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, aunque todavía persisten resistencias entre los bloques dialoguistas por la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.
El proyecto impulsado por el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen simplificado y facilitar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal. La iniciativa fue defendida la semana pasada por funcionarios del Ministerio de Economía, quienes sostuvieron que el objetivo es concentrar los controles sobre los verdaderos evasores y simplificar las obligaciones de quienes cumplen con sus impuestos.
Sin embargo, la situación de Adorni volvió a instalarse en el centro de la discusión. El ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, se habían acogido al Régimen Simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, en momentos en que ambos estaban involucrados en cuestionamientos vinculados con su patrimonio. Para sectores de la oposición, ese antecedente demuestra que el régimen puede ser utilizado por funcionarios y convertirse en una herramienta para blanquear fondos de origen dudoso.
La principal discusión entre el oficialismo y los bloques opositores y dialoguistas pasa justamente por mantener o modificar la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder al beneficio. Desde la oposición reclaman mayores controles y restricciones para evitar que el régimen sea utilizado para encubrir situaciones de enriquecimiento ilícito o maniobras de evasión.
A pesar de las dificultades, el oficialismo no quiere postergar el tratamiento. Según fuentes parlamentarias, la intención sigue siendo conseguir un dictamen de mayoría este miércoles a las 11, aunque reconocen que todavía no están cerrados todos los acuerdos. En el Gobierno también evalúan llevar el proyecto al recinto durante agosto.
La iniciativa se convirtió así en otra de las reformas económicas que la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso durante las próximas semanas. El resultado de las negociaciones será clave para determinar si el oficialismo consigue avanzar con una propuesta que considera central para modificar el sistema tributario y facilitar la formalización de capitales, pero que enfrenta cuestionamientos por el alcance de sus beneficios y los controles previstos.
