La causa que investiga la compra de una mansión en Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general Mario Villar presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal intervenga en la disputa sobre qué juzgado debe llevar adelante la investigación por presunto lavado de dinero.
El planteo busca revertir la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que el expediente debía continuar en la Justicia federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La Fiscalía sostiene que la causa debería tramitarse en la ciudad de Buenos Aires, donde se habría desarrollado parte de la presunta maniobra investigada.
Villar cuestionó el criterio utilizado para definir la competencia judicial y sostuvo que la investigación no debe limitarse al lugar donde está ubicada la propiedad. Según su planteo, el expediente comprende un entramado de sociedades y operaciones que habría comenzado en la Capital Federal y que requiere analizar el presunto circuito de fondos en su conjunto.
La investigación se centra en una propiedad de aproximadamente cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. El inmueble figura a nombre de Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Lucía Conte, quienes son señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En el predio también se encontraron 54 vehículos de alta gama y colección.
La hipótesis judicial apunta a determinar si la adquisición de la mansión y los bienes se realizó con dinero de origen ilícito relacionado con una presunta administración fraudulenta de fondos de la AFA. Sin embargo, se trata de una investigación en curso y las responsabilidades de las personas involucradas deberán establecerse en el proceso judicial.
La disputa por la competencia se prolonga desde el inicio del expediente y ya involucró a distintos juzgados y cámaras. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si admite el planteo del fiscal y revisa qué tribunal debe continuar con la causa. La resolución definirá quién estará a cargo de una investigación que también mantiene bajo análisis el posible vínculo entre la propiedad y las autoridades del fútbol argentino.
