Las universidades públicas de todo el país vuelven a movilizarse este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una mayor asignación de recursos para el sistema educativo. La quinta Marcha Federal Universitaria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y rectores, en una jornada atravesada por el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las instituciones de educación superior.
La convocatoria tiene como eje la aplicación efectiva de la ley, que establece mecanismos de actualización de los fondos universitarios y contempla medidas vinculadas con los salarios del personal y las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias sostienen que la falta de ejecución de la norma afecta el funcionamiento de las instituciones y reclaman que los recursos sean incorporados al presupuesto nacional para 2027.
La movilización también se produce en medio de una disputa judicial. El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar la ley y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación a la disponibilidad de recursos presupuestarios. Además, impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar vinculada con la actualización salarial y las becas. El Gobierno, por su parte, anunció que apelará la decisión.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene conversaciones sobre el financiamiento del sistema universitario para el próximo año. La propuesta presupuestaria oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una partida cercana a los $11 billones. La diferencia entre ambas cifras refleja el desacuerdo sobre los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
La marcha tendrá su principal concentración frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también habrá manifestaciones en distintas provincias. La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles y sectores políticos, que sumaron sus reclamos por el presupuesto educativo, las condiciones laborales y el financiamiento de la investigación científica. La jornada coincide, además, con las negociaciones parlamentarias de la oposición para intentar abrir una sesión en Diputados.
El conflicto universitario se mantiene abierto pese a las resoluciones judiciales y a las discusiones sobre el presupuesto. Mientras las autoridades académicas reclaman que se cumpla la ley vigente, el Gobierno busca sostener su política de equilibrio fiscal y negociar cambios en el esquema de financiamiento. La movilización de este jueves será una nueva expresión del reclamo universitario y de la presión sobre el Ejecutivo para que defina cómo garantizará los recursos del sistema público de educación superior.
