El Gobierno nacional postergó un mes la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la reforma laboral para contribuir al pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de una relación de trabajo. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial, y trasladó la fecha de implementación del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo en la complejidad del nuevo régimen y en la necesidad de contar con más tiempo para completar las implementaciones técnicas y realizar las pruebas correspondientes. El objetivo, según los fundamentos de la norma, es garantizar que el sistema esté en condiciones de funcionar cuando entre en vigencia.
El decreto también modificó el período mínimo de aportes que deben realizar los empleadores antes de poder utilizar los recursos acumulados en el fondo. El plazo de carencia pasó de seis a doce períodos mensuales consecutivos, contados desde el mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre el primer aporte efectivo. De esta manera, las empresas deberán mantener sus contribuciones durante un año antes de acceder a la cobertura del mecanismo.
El FAL fue creado por la Ley de Modernización Laboral y se financiará mediante contribuciones mensuales obligatorias de los empleadores del sector privado. La normativa establece un aporte equivalente al 2,5% de las remuneraciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, y del 1% para las grandes compañías. Los recursos se acreditarán en cuentas individuales vinculadas con cada empleador y estarán destinados a contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales.
La administración de los aportes estará a cargo de ARCA, que deberá recaudar las contribuciones y derivarlas a las cuentas correspondientes. Los fondos podrán colocarse en distintos instrumentos de inversión autorizados por la normativa, entre ellos títulos de deuda pública y depósitos bancarios. El esquema busca que los empleadores acumulen recursos para afrontar los costos laborales contemplados por la ley cuando finalice una relación de trabajo.
La postergación representa un nuevo ajuste en el cronograma de implementación del régimen, cuya entrada en vigencia ya había sido trasladada anteriormente. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca completar los aspectos operativos del sistema antes de su puesta en marcha. El cambio de fecha y la ampliación del período de carencia modifican los plazos previstos para que las empresas comiencen a utilizar la cobertura del fondo.
