LOS ABOGADOS PROPUESTOS POR MILEI PARA LA CORTE
Lijo fue rechazado por 43 votos en contra y solo 27 a favor. García Mansilla obtuvo 51 votos en contra y solo 20 a favor.
En el caso de García Mansilla, fueron 51 votos negativos y 20 votos afirmativos sin ninguna abstención.
Así, ambos letrados fueron rechazados por el Senado y no pueden ejercer como cortesanos.
Recordamos que Lijo y Mansilla fueron nombrados al máximo tribunal por Decreto del Poder Ejecutivo, medida polémica ya que no respeta lo que establece la Constitución Nacional de necesitar el acuerdo del Senado para posicionar miembros en la Corte Suprema.
Luego, García Mansilla juró como juez de la Corte al ser nombrado en comisión y ahora se ve obligado a renunciar.
En el caso de Lijo, éste no aceptó renunciar a su actual cargo de juez federal y esperaba el acuerdo del Senado; lo que no ocurrió. Así, no asumió en la Corte Suprema porque el máximo tribunal no aceptó que asumiera sin renunciar a su juzgado donde solicitó licencia. Al no haber asumido cargo alguno en la Corte, Lijo continuará siendo juez federal.
El caso de Manuel García Mansilla es el más complejo. Mansilla ya asumió como ministro de la Corte en comisión abalado por los cortesanos que le tomaron juramento aún sin el acuerdo del Senado. Ayer los senadores rechazaron su pliego, es decir, no obtuvo acuerdo del Senado y ahora se plantea todo un debate constitucional. En torno a este caso los especialistas en derecho constitucional se dividen entre quienes defienden la postura de que tiene estabilidad hasta el fin de la próxima Legislatura y quienes postulan que, como el Senado no prestó acuerdo, debe cesar en su cargo.
La Carta Magna no establece que su designación pierde vigencia si el Senado rechaza su pliego. De acuerdo a la Constitución, la única vía para destituirlo sería el juicio político.
Lo cierto es que, al haber avanzado el Poder Ejecutivo intentando imponer a dos jueces sin los procedimientos que exige la Constitución Nacional, todo el procedimiento quedó viciado y fuertemente sospechada la investidura de los letrados y jueces que hicieron escalar el escándalo institucional hasta hoy.
