El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la ley que legaliza de forma permanente el cultivo de hasta 22.000 hectáreas de hoja de coca en su país y criticó a EE.UU. por buscar la erradicación de la planta e incluir al país en su lista de «fracasos demostrables» en la lucha antidrogas.
La nueva Ley General de la Coca sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.
Al promulgar la norma, Morales atribuyó la garantía «de por vida» del cultivo de hojas de coca a la lucha de décadas de los campesinos que se dedican a esa actividad y a la «fortaleza» política de su Gobierno y las organizaciones sociales afines al mismo.
«La hoja de coca se ha impuesto frente al imperio norteamericano, la coca ganó a Estados Unidos esta dura batalla porque Estados Unidos quiere cero de coca», afirmó el gobernante, que aún es el principal dirigente de los cocaleros de la zona central del Chapare.
Para los cocaleros, sobre todo del Chapare, la promulgación de la nueva norma es la culminación de un largo proceso que comenzó con su resistencia en las décadas de los 80 y 90 a los planes de erradicación de la planta que, según Morales, fueron impuestos por Estados Unidos a los gobiernos de turno.
La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en la zona subtropical de los Yungas, en La Paz.
Un convenio firmado por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) con los cocaleros permitió que en el Chapare se cultive un máximo de 3.200 hectáreas, aunque los campesinos de esa región siempre cultivaron más del doble.
En la Constitución vigente desde 2009, la hoja de coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y por su masticación o «acullicu» que practican algunos sectores sociales, pero una parte de la producción se deriva al narcotráfico para fabricar cocaína.
