CADENA MAXIMA.- Tras la publicación del decreto que prohíbe el ingreso de mercadería usada para consumo porque «suponen un riesgo para la salud y la seguridad pública y el medio ambiente en general», firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, los feriantes de distintos puntos de la provincia alertaron de los perjuicios que podría acarrear la medida en las economías familiares .
En Salta, son más de 2500 las familias que viven del rubro, dijo la referente de la Feria La Saladita, Hilda Silva, quien confirmó que mañana miércoles se realizará una reunión para definir las medidas a seguir para garantizar la continuidad de sus fuentes de trabajo.
“El gobernador Urtubey, entendió la necesidad de nuestros hogares y nos permitió seguir con la actividad” dijo Silva, quien aseguró que cumplen con su trabajo bajo reglamento y cumplimiento de los requisitos requeridos por las normas y agregó, que si se tratara de un trabajo insalubre, “ya estarían muertos ellos y sus clientes”, por lo que descartó el argumento de insalubridad acotado en el decreto.