El Gobierno nacional ratificó que no modificará su postura frente al reclamo por el financiamiento universitario, luego de la quinta Marcha Federal Universitaria realizada este jueves en distintos puntos del país. Mientras la Casa Rosada descartó abrir una mesa de negociación con las autoridades del sistema universitario, los rectores advirtieron que, si no hay respuestas concretas, el ciclo lectivo 2027 podría quedar en riesgo.
Desde el Ejecutivo calificaron la movilización como una protesta de carácter político y cuestionaron los incidentes registrados frente al Congreso, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también criticó los disturbios y sostuvo que algunos sectores buscaron generar conflictos durante la jornada. Para el Gobierno, la marcha no modificó el escenario ni generó motivos para reabrir las conversaciones con los rectores.
La administración de Javier Milei mantiene su decisión de negociar con las universidades de manera individual, a través de encuentros con cada rector, y no mediante una instancia general con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además, sostiene que el debate sobre los recursos deberá darse en el Congreso, durante el tratamiento del Presupuesto 2027, bajo la premisa de mantener el equilibrio fiscal y evitar gastos que no tengan una fuente de financiamiento definida.
Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre los fondos previstos por el proyecto oficial y los que reclaman las universidades. La propuesta del Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para el sistema universitario durante 2027, mientras que el CIN considera necesarios más de $11 billones para cubrir salarios, gastos de funcionamiento, becas y otras partidas. Las autoridades universitarias sostienen que el presupuesto actual no alcanza para afrontar los costos y garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Frente a la falta de diálogo, representantes del sector advirtieron que la situación se vuelve cada vez más difícil de sostener. Desde las universidades describieron el escenario como una “olla a presión” y señalaron que el deterioro salarial, las dificultades materiales y el malestar de la comunidad educativa podrían derivar en nuevas medidas de fuerza. Los rectores también alertaron que la continuidad de las actividades durante el próximo año dependerá de que se encuentre una solución al conflicto.
La disputa continúa tanto en el Congreso como en la Justicia. Las autoridades universitarias buscan que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Gobierno apeló el fallo judicial que ordenó aplicar la norma. Sin una salida acordada, el conflicto podría extenderse durante los próximos meses y afectar la planificación académica del año próximo, en un escenario de incertidumbre para estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
