Así lo aseguró Eduardo Romani, representante legal de más de 70 docentes estafados por la gestión de ADP cuyas dirigentes fueron condenadas por la justicia salteña.
Patricia Argañaraz y María Cerezo, ex dirigentes del gremio de los docentes denunciadas junto con el fideicomiso Virgen de Urkupiña, realizaron las estafas a sus afiliados. Tras el fallo judicial, Romani instó a la actual dirigencia del gremio -que ahora conduce Fernando Mazzone- a hacerse responsable de los perjuicios causados por la conducción de Argañaraz.
La exsecretaria general de la ADP -Patricia Argañaraz- junto a la tesorera -Marita Cerezo- fueron condenadas a seis años de prisión efectiva y detenidas, como coautoras de los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas.
«Hoy tenemos a la actual tesorera, que fue tesorera de la gestión anterior, condenada por un delito tan grave», dijo el abogado que aún espera la resolución por la vía civil de la demanda.
La estafa a gran escala perjudicó a 120 familias docentes que fueron engañadas con un plan de viviendas propiciado por la ADP.
Romani también anticipó que podría accionar por embargos a tierras del gremio para garantizar el resarcimiento a los damnificados.
