La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recalcular los haberes de una jubilada. La resolución cuestionó el mecanismo previsto por la Ley 27.609, que estuvo vigente entre enero de 2021 y junio de 2024, y dispuso reemplazarlo por el esquema de actualización aprobado durante la gestión de Mauricio Macri.
El fallo fue firmado por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, en el marco de una demanda iniciada por Carmen Galletta contra el organismo previsional. Los magistrados revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo y establecieron que la jubilación de la demandante deberá recalcularse con la fórmula anterior durante el período cuestionado.
Entre los fundamentos, el tribunal señaló que el mecanismo de actualización de la Ley 27.609, basado en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no contemplaba una variable vinculada directamente con la inflación ni establecía un piso que protegiera los haberes ante una aceleración de los precios.
Para dimensionar el impacto, los jueces compararon la evolución de las jubilaciones entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Según los datos incorporados a la sentencia, durante ese período los haberes aumentaron un 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 1.129,07%. La diferencia representó una pérdida de capacidad de compra cercana al 46,83%.
Como mecanismo de recomposición, la Cámara dispuso aplicar la fórmula prevista por la Ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017. Ese sistema contemplaba actualizaciones trimestrales que combinaban un 70% de la variación del IPC y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. A partir de julio de 2024, el cálculo deberá empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024.
La resolución también estableció que, para determinar las diferencias que eventualmente deberá pagar la ANSES, se tendrán que descontar los aumentos, adelantos y bonos extraordinarios que la beneficiaria ya haya recibido. Además, dispuso aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses y contempló los límites derivados de la prescripción de los reclamos.
Sin embargo, el alcance del fallo tiene una limitación importante: la decisión resuelve el caso particular de la jubilada que inició la demanda y no establece un aumento automático para todos los beneficiarios del sistema previsional. La sentencia sí constituye un antecedente que podría ser utilizado en otros reclamos judiciales contra la fórmula aplicada entre 2021 y 2024.
De esta manera, la resolución vuelve a poner en discusión el mecanismo de actualización de las jubilaciones durante el gobierno anterior y abre un nuevo capítulo en los litigios previsionales. La posibilidad de que otros beneficiarios obtengan una recomposición dependerá de sus situaciones particulares y de los criterios que adopten los tribunales en cada causa.
