La Justicia de La Plata le dio cinco días al Gobierno nacional para informar cuántas hectáreas rurales de la provincia de Buenos Aires se encuentran en manos de titulares extranjeros y dónde están ubicadas. La medida también establece la obligación de preservar los registros y antecedentes vinculados con la propiedad de esas tierras recopilados durante los años en los que estuvo vigente la Ley de Tierras.
La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de la jueza Güendalina Sessarego, luego de una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo había reclamado que se mantuviera disponible la información sobre la titularidad de los campos y que se evitaran modificaciones o pérdidas en las bases de datos existentes.
En concreto, el Ministerio de Justicia de la Nación deberá precisar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales reunidos durante los últimos 15 años. Además, tendrá que detallar la cantidad y ubicación de las hectáreas rurales de la provincia que están actualmente en manos de titulares extranjeros.
El fallo sostiene que la información recopilada por el Estado resulta necesaria para conocer la evolución de la situación territorial y permitir eventuales medidas posteriores. Por ese motivo, la Justicia consideró que la pérdida, destrucción o alteración de los registros podría afectar la posibilidad de contar con información precisa sobre la titularidad y distribución de las tierras rurales bonaerenses.
La presentación se produjo en medio de la discusión por la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que había sido sancionada en 2011 y establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También contemplaba restricciones relacionadas con la nacionalidad de los propietarios y con la cantidad de hectáreas que podía concentrar un mismo titular.
La controversia se profundizó luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había cuestionado la derogación de esa ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación de quienes habían promovido aquella demanda y no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo. Ahora, la Justicia de La Plata puso el foco en preservar los registros existentes y obtener información concreta sobre la propiedad extranjera de tierras rurales en Buenos Aires.
