El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió aplicar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei para determinar la actualización de una indemnización por despido. La decisión revocó parcialmente una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y estableció que los intereses del crédito laboral deberán calcularse de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral.

El fallo fue dictado por mayoría en una causa iniciada contra el Banco Hipotecario. La entidad había presentado un recurso de inconstitucionalidad para cuestionar el mecanismo de actualización que había establecido la Cámara, que contemplaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.

La nueva normativa, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, establece un régimen específico para actualizar los créditos laborales correspondientes a juicios que todavía no cuentan con una sentencia definitiva. El mecanismo toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central, aunque fija límites para determinar el monto final.

De acuerdo con el artículo 55, el resultado no puede superar el equivalente a actualizar el capital mediante el IPC más un 3% anual. Al mismo tiempo, establece que el monto no puede ser inferior al 67% de esa misma fórmula. De esta manera, la ley determina un piso y un techo para calcular los intereses de las indemnizaciones en los procesos judiciales pendientes.

La trabajadora involucrada en la causa cuestionó la constitucionalidad de la disposición, al considerar que su aplicación perjudicaba sus derechos. Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó el planteo y sostuvo que el régimen transitorio aprobado por el Congreso no vulnera los principios de igualdad ni el derecho de propiedad. También consideró que el piso del 67% resulta compatible con los criterios establecidos por la Corte Suprema en el precedente conocido como “Vizzoti”.

La resolución contó con los votos favorables de Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg. En disidencia se pronunciaron Alicia Ruiz y Luis Francisco Lozano, quienes consideraron que el mecanismo podía representar una compensación insuficiente para los trabajadores. Los jueces señalaron las diferencias entre la actualización por inflación y el rendimiento de la tasa pasiva del Banco Central durante el período analizado.

El pronunciamiento se conoció después de que, el 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera en el caso “Cabana Opanasiuk” que los créditos laborales de juicios en trámite y sin sentencia definitiva deben actualizarse conforme a los criterios establecidos en la Ley de Modernización Laboral.

Con esta decisión, el máximo tribunal porteño se alineó con ese criterio y estableció un antecedente para la resolución de otras causas laborales pendientes. El fallo vuelve a poner en discusión el alcance de la reforma y sus efectos sobre los montos que pueden recibir los trabajadores que reclaman indemnizaciones por despido en la Justicia.