El Gobierno busca separar la discusión sobre la Ley de Tierras del tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, luego de la aclaración realizada por la Corte Suprema sobre su reciente fallo. En la Casa Rosada consideran que el comunicado del máximo tribunal permitió ordenar el escenario y diferenciar el debate sobre el régimen de tierras rurales de la discusión sobre la vigencia integral del decreto.
La Corte aclaró que su sentencia no resolvió la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, sino una cuestión procesal vinculada con la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata para impulsar la causa. Además, señaló que la controversia de fondo sobre el régimen de tierras todavía no fue analizada por el tribunal.
Desde el Gobierno consideran que esta precisión permite discutir de manera independiente las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros y el futuro del DNU. La estrategia oficial apunta a que los bloques aliados puedan fijar una posición específica sobre el régimen de tierras sin que ese debate implique necesariamente acompañar un rechazo de todo el decreto.
Una de las alternativas que analiza el oficialismo es avanzar con un tratamiento legislativo propio para el régimen de tierras. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y debe ser tratado por Diputados, había dejado afuera el capítulo referido a tierras después de que el Gobierno no consiguiera suficiente respaldo entre sus aliados.
La discusión se da además mientras la oposición impulsa una sesión especial para el 15 de octubre, en la que busca tratar el rechazo del DNU 70/2023 junto con otros proyectos. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024 y, si Diputados también lo rechaza, se completaría el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
El Gobierno busca así evitar que el conflicto por la derogación de la Ley de Tierras se convierta en un punto de coincidencia entre sectores que tienen posiciones diferentes sobre el resto del DNU. La aclaración de la Corte no modificó la situación parlamentaria del decreto ni cerró la discusión judicial sobre el régimen de tierras, pero el oficialismo considera que permite abordar ambos temas por separado.
