El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti defendió la decisión del máximo tribunal vinculada con la Ley de Tierras y rechazó las críticas que recibió el fallo. El magistrado sostuvo que la Corte continuará resolviendo conforme a derecho, independientemente de las repercusiones políticas, y aseguró que sus integrantes tienen la tranquilidad de haber actuado de acuerdo con sus convicciones jurídicas. Sus declaraciones se produjeron en medio de la controversia por la resolución que volvió a establecer, de manera provisoria, restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Durante una entrevista, Lorenzetti afirmó que el tribunal atravesó situaciones de presión más intensas en otros momentos y remarcó que las decisiones judiciales no deben modificarse por cuestionamientos externos. En ese sentido, señaló que las discusiones públicas son válidas, pero sostuvo que la Corte no responderá a las presiones. También planteó que las diferencias sobre sus resoluciones deben canalizarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes, como los recursos judiciales y el debate legislativo.
El magistrado explicó que los procesos judiciales tienen tiempos y procedimientos que deben respetarse, y advirtió que pueden surgir malentendidos cuando no se comprenden esas etapas. Según expresó, los plazos forman parte de las garantías del sistema judicial y son necesarios para proteger los derechos de las partes involucradas. Además, consideró que las controversias deben resolverse dentro de los mecanismos previstos por la ley, sin intentar condicionar las decisiones de los jueces mediante campañas o escraches.
La resolución de la Corte suspendió provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras. De esta manera, volvieron a regir temporalmente las restricciones que limitan la propiedad extranjera al 15% del territorio de cada provincia y establecen un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola. La medida fue adoptada por mayoría y tiene carácter cautelar, por lo que no representa una decisión definitiva sobre la validez constitucional de la derogación.
Lorenzetti también defendió la intervención de la Justicia en cuestiones ambientales y sostuvo que la protección de los recursos naturales forma parte de una línea de actuación histórica de la Corte. En ese marco, afirmó que las medidas cautelares destinadas a evitar posibles daños ambientales no deberían resultar sorprendentes y recordó que existen antecedentes de decisiones judiciales orientadas a esa protección. Asimismo, señaló que la falta de legislación del Congreso sobre determinados asuntos contribuyó a generar parte de los problemas que actualmente llegan a los tribunales.
Por último, el juez se refirió a los cuestionamientos políticos relacionados con la condena a Cristina Kirchner y afirmó que la democracia argentina no está en peligro. Lorenzetti diferenció los debates políticos de las cuestiones jurídicas y sostuvo que las discrepancias deben tramitarse mediante acciones judiciales o a través del Congreso. En relación con el fallo sobre la Ley de Tierras, reiteró que la Corte mantendrá su criterio de actuación y que las críticas no modificarán la obligación de resolver los casos conforme a derecho.
