El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin contar con autorización nacional. La decisión se suma a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para avanzar contra compañías vinculadas con la exploración y explotación de recursos en las Islas Malvinas.
Las presentaciones judiciales estarán fundamentadas en la Ley 26.659, que prohíbe a personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin la habilitación correspondiente. La normativa también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en empresas que desarrollen esos proyectos, les presten servicios o realicen operaciones comerciales sin autorización.
La nueva ofensiva no estará dirigida únicamente contra las compañías. El Gobierno anticipó que las denuncias identificarán también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones relacionadas con las actividades cuestionadas. De esta manera, el Ejecutivo buscará ampliar la responsabilidad penal a quienes hayan participado directamente en las operaciones.
Según informó la Oficina del Presidente, las nuevas presentaciones podrán derivar tanto en la ampliación de causas judiciales que ya están en trámite como en la apertura de nuevos procesos. El Gobierno sostuvo que el objetivo es responsabilizar a todas las personas que hayan intervenido en actividades que considere contrarias a la soberanía argentina.
La Ley 26.659 establece distintas sanciones para quienes incumplan sus disposiciones. Entre ellas contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, el cese de concesiones hidrocarburíferas y la eliminación de beneficios impositivos o previsionales. También prevé penas de prisión, multas e inhabilitaciones especiales para quienes realicen actividades de búsqueda, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización.
La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y frenar proyectos hidrocarburíferos desarrollados bajo licencias británicas. El Ejecutivo aseguró que continuará utilizando las herramientas legales, administrativas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, según su postura, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.
