El Gobierno de Javier Milei busca acelerar la aprobación de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados antes del próximo 28 de noviembre, fecha prevista para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a ampliar las sanciones contra las empresas y personas vinculadas con actividades de aprovechamiento de recursos naturales sin autorización de la Argentina.

La Casa Rosada pretende llevar el proyecto al recinto este miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, todavía necesita resolver las diferencias con los bloques dialoguistas, que cuestionan algunos artículos de la propuesta. Ante la falta de acuerdos, La Libertad Avanza evalúa impulsar una votación por capítulos para conseguir la aprobación de las disposiciones relacionadas con las sanciones por la explotación de recursos naturales, sin que los apartados más controvertidos bloqueen el tratamiento del resto de la ley.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reemplazar y ampliar el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013. La normativa vigente contempla inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años y sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. La nueva propuesta extendería las penalidades a otras actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos en disputa.

Entre las herramientas previstas se encuentran multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, inhabilitaciones para desarrollar determinadas actividades, restricciones para contratar con organismos públicos y sanciones para las empresas que provean bienes o servicios esenciales para las operaciones consideradas ilegítimas. El esquema también contempla mecanismos para incentivar el abandono de esos emprendimientos.

Las diferencias políticas se concentran especialmente en el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal y otros sectores dialoguistas reclamaron eliminar ese apartado o tratarlo por separado. Aunque el oficialismo introdujo modificaciones para excluir expresamente actividades periodísticas, académicas y de representación abierta de intereses, las objeciones continúan. Los cambios electorales requieren 129 votos afirmativos en Diputados.

En paralelo, la Argentina espera la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuyas audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. El país solicitó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones e instalaciones productivas relacionadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa petrolera está impulsada por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

El reclamo argentino sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos puede provocar consecuencias irreversibles sobre los recursos naturales de una zona cuya soberanía permanece en disputa. El Reino Unido, por su parte, rechazó el planteo y cuestionó la competencia del tribunal para intervenir en la controversia.

La resolución prevista para el 28 de noviembre no definirá la soberanía sobre las islas, sino que determinará si corresponde adoptar las medidas urgentes solicitadas por la Argentina. Mientras tanto, el Gobierno prepara distintas alternativas jurídicas y diplomáticas ante una eventual decisión desfavorable y busca avanzar con la nueva legislación para fortalecer las herramientas de presión sobre las empresas involucradas.