Luego de la cadena nacional en la que Javier Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el Gobierno oficializó este viernes dos medidas vinculadas con la defensa nacional y la protección de los recursos estratégicos. A través del DNU 867/2026 y del Decreto 868/2026, publicados en el Boletín Oficial, se dispuso un refuerzo presupuestario para Defensa y un nuevo esquema de sanciones para empresas que exploten recursos en la plataforma continental argentina sin autorización.
El DNU 867/2026 estableció modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 y destinó $521.558 millones adicionales para lo que resta del año. Según explicó el Gobierno, la medida busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas vinculadas con la defensa y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. El impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.
El refuerzo representa menos del 0,16% del Presupuesto ampliado para este año y equivale al 5,1% del incremento del superávit fiscal acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. De acuerdo con la información oficial, la decisión no alterará el resultado fiscal previsto, ya que será compensada mediante reasignaciones dentro de la Administración Central por $288.475 millones y recursos acumulados del Tesoro Nacional provenientes de las últimas privatizaciones por $234.122 millones.
En paralelo, el Decreto 868/2026 otorgó nuevas facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para controlar y sancionar actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y podrá iniciar procedimientos administrativos contra empresas que desarrollen esas actividades sin la correspondiente autorización. Los organismos nacionales deberán informar posibles incumplimientos dentro de los cinco días hábiles, mientras que los acusados tendrán diez días para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
La reglamentación también alcanza a las empresas que accedan a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que no participan ni financiarán actividades prohibidas por la Ley 26.659. Las medidas apuntan especialmente a proyectos de explotación hidrocarburífera ubicados en la Cuenca Malvina Norte, entre ellos Sea Lion, que fue mencionado por Milei durante su mensaje presidencial como uno de los desarrollos que considera una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.
Las decisiones oficializadas forman parte del paquete anunciado por Milei en su discurso sobre Malvinas. Además del refuerzo presupuestario y las nuevas sanciones, el Presidente anticipó el envío al Congreso de proyectos destinados a fortalecer la política de seguridad nacional y la protección de infraestructura crítica. También anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de aumentar las capacidades argentinas y reforzar la presencia del país en el Atlántico Sur.
