La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al que acusó de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y responsabilizó por las consecuencias del modelo económico y financiero impulsado por el Gobierno nacional.
La legisladora, que anteriormente formó parte de La Libertad Avanza, dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales. En su publicación cuestionó la gestión del funcionario y sostuvo que sus decisiones provocaron un deterioro de la situación económica del país. También reclamó explicaciones sobre el destino del oro que integra las reservas del Banco Central.
El documento presentado ante la Cámara de Diputados reúne seis acusaciones. Entre ellas, señala la pérdida de 32.429 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la recesión económica y el presunto fracaso de la planificación macroeconómica bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el manejo de las reservas de oro del Banco Central. Sobre este punto, el organismo informó que posee 1.984.960 onzas troy, distribuidas entre sus propias bóvedas y el Banco de Suiza. Su presidente, Santiago Bausili, aseguró que esa distribución se mantiene sin cambios desde 2011 y que los activos fueron sometidos a distintas auditorías.
Además, Pagano cuestionó las dos ausencias de Caputo a interpelaciones aprobadas por la Cámara baja, el endeudamiento externo mediante decretos y acuerdos financieros reservados, y la inmovilización en instrumentos financieros de fondos destinados específicamente a obras y mantenimiento vial.
Según los fundamentos de la presentación, los planteos se apoyan en estadísticas oficiales, publicaciones del Boletín Oficial, resoluciones parlamentarias y declaraciones públicas del propio ministro. La diputada sostiene que no se trata solamente de una diferencia de criterios sobre la política económica, sino de posibles incumplimientos de obligaciones legales y constitucionales.
El pedido deberá ser analizado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Para que la acusación avance al Senado, necesita el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes. En caso de superar esa instancia, la Cámara alta deberá intervenir como tribunal y determinar si corresponde aplicar una sanción al funcionario.











