La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank e incorporó el presunto delito de asociación criminal. El nuevo cargo se suma a las acusaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio, por las que el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.
La ampliación también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola. Además, el Ministerio Público presentó imputaciones contra otros tres exdirectivos de la entidad monetaria: Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana del viernes 13 de noviembre.
Según el escrito fiscal, los involucrados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para subordinar el sistema financiero y los organismos de control a los intereses particulares del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. La investigación sostiene que se habrían utilizado cargos públicos y posiciones estratégicas para evitar controles y garantizar la continuidad operativa de la entidad financiera.
En ese esquema, la Fiscalía señala a Peña como el supuesto jefe de la organización. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el expresidente habría designado a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos con el grupo empresarial en puestos clave del Banco Central. Entre ellos mencionan a Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del organismo monetario, y a Insfrán, ubicado al frente de la Superintendencia de Bancos.
El documento también sostiene que Peña habría mantenido reuniones periódicas con Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, para coordinar cuestiones vinculadas con los intereses del conglomerado. Además, la acusación indica que se habrían impartido instrucciones para evitar la intervención de Ueno Bank, pese a las advertencias sobre su situación financiera.
En relación con los exdirectivos del Banco Central, la investigación apunta a posibles irregularidades en los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria. La Fiscalía sostiene que algunos funcionarios habrían omitido aplicar medidas regulatorias, mientras que otros presuntamente participaron en la elaboración o modificación de documentos oficiales vinculados con la situación financiera de Ueno.
La causa busca determinar si existió una coordinación entre las autoridades políticas y los responsables del organismo regulador para favorecer al grupo empresarial y permitir que el banco continuara operando pese a las alertas sobre su solvencia. Las actuaciones también incluyen el análisis de decisiones administrativas y de los vínculos económicos entre los funcionarios investigados y el conglomerado financiero.
La ampliación de la imputación representa un nuevo avance en una investigación que involucra a exautoridades del Gobierno y del Banco Central paraguayo. Sin embargo, las acusaciones se encuentran en etapa judicial y deberán ser evaluadas durante el proceso correspondiente, por lo que todavía no existe una condena que determine la responsabilidad penal de los involucrados.
