El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, aunque para alcanzar la media sanción, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió negociar modificaciones con los bloques aliados.
Los principales puntos de discusión estuvieron relacionados con el financiamiento de los servicios de salud en las provincias y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones y altas médicas. Las modificaciones fueron incorporadas para conseguir el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas.
Uno de los cambios centrales fue el compromiso de reforzar la cooperación técnica, económica y financiera del Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Los recursos deberán coordinarse a través del Consejo Federal de Salud (COFESA), mediante convenios destinados a fortalecer los equipos profesionales, los dispositivos comunitarios y la atención por telemedicina.
La otra concesión estuvo vinculada con la integración de los equipos médicos. El proyecto original otorgaba un papel central a los psiquiatras, pero, tras los cuestionamientos de distintos sectores, se acordó que las evaluaciones deberán contar con un médico —preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental— y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
La reforma también introduce modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros. En casos excepcionales, un solo médico podrá indicar una internación de urgencia, que deberá ser revisada mediante una evaluación interdisciplinaria dentro de las 48 horas, en lugar de las 24 previstas anteriormente.
Además, el texto incorpora la ludopatía dentro del abordaje de los consumos problemáticos y habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles. También mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y establece que las internaciones deben continuar siendo una medida excepcional.
Con 42 votos afirmativos, el oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa, aunque debió incorporar las demandas de sus aliados para alcanzar el consenso. Ahora, el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá reunir nuevamente los apoyos necesarios para convertirlo en ley.
