Salta. Comenzó el juicio a exfuncionarios de PAMI y un exconcejal

Verónica Molina, exdirectora del PAMI, es juzgada por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

Por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos. 

El Tribunal Oral Federal 2 de Salta dio inicio al juicio contra una exdirectora del PAMI Salta y otros ex empleados del organismo por hacer aportes de sus salarios a La Campora como retribución por haber conseguido los cargos.

Los jueces Gabriela Elisa Catalano, Domingo Batule y Abelardo Jorge Basbus comenzaron a juzgar a Verónica Molina -exdirectora del PAMI- por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

También son juzgados otros dos empleados de ese organismo, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, acusados de malversación de caudales públicos en grado de coautores. Marcos Vera, ex director de la ANSES imputado por exacciones ilegales, acusado en calidad de autor. Incluso, el exconcejal Fernando Ruarte es parte de la lista de imputados. Justamente, Molina y Vera eran los máximos responsables de La Cámpora en Salta y quienes habrían percibido las deducciones salariales que les hacían a jefes de la agencia.

La acusación que lleva adelante el fiscal de delitos complejos federales, Ricardo Toranzos, es por la obligación que se imponía a jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia para que pagaran el 20% del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.

Según la investigación, ese dinero se acreditaba mediante transferencias en algunos casos y en otros se hacía a través del sistema de bolsín de comunicación interna de ese organismo.

El fiscal afirmó que esta “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento.

El otro tramo de la imputación es por la entrega de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que sean distribuidos entre los afiliados de extrema vulnerabilidad.

Según la sospecha, los electrodomésticos fueron utilizados con fines electorales y se otorgaron durante actos de campaña en la reelección del concejal Ruarte.

El juicio sigue en los próximos días y el Tribunal ya empezó a recolectar la prueba testimonial de los convocados por las partes.