El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida, que regirá durante julio de 2026, establece un incremento del 1,90% sobre los valores vigentes y fue calculada tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.
La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 2227/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El aumento se aplicará de manera uniforme a todas las prestaciones contempladas en el sistema, sin realizar distinciones entre los diferentes servicios que reciben las personas con discapacidad.
Este nuevo ajuste se suma al incremento del 2,10% otorgado en junio a través de la Resolución 1297/2026. De esta manera, el Gobierno continúa con el esquema de actualización mensual de los aranceles, utilizando como referencia la inflación informada por el INDEC para mantener actualizados los valores de las prestaciones.
Además, la normativa ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable, previsto en la Ley 24.901. Este beneficio seguirá vigente para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, con el objetivo de compensar los mayores costos que implica la prestación de servicios en esas jurisdicciones.
Las autoridades señalaron que la actualización busca garantizar el funcionamiento del sistema y brindar previsibilidad a los prestadores, quienes reclamaban una adecuación periódica de los valores frente al incremento de los costos operativos. Asimismo, destacaron que el mecanismo de actualización mensual pretende evitar atrasos significativos en los aranceles y sostener la prestación de los distintos servicios.
La actualización alcanza a los prestadores que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, un esquema que incluye servicios de rehabilitación, transporte, apoyo educativo, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos y otras prestaciones destinadas a garantizar la atención integral y la inclusión de las personas con discapacidad.
