El Gobierno nacional profundizó durante 2026 el ajuste sobre la obra pública, con una caída del gasto de capital y una fuerte reducción de las transferencias destinadas a obras en las provincias. En los primeros siete meses del año, los fondos enviados para infraestructura se concentraron principalmente en Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, que recibieron alrededor del 70% del total.
La inversión pública viene perdiendo peso dentro del presupuesto nacional desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Entre enero y julio, el gasto de capital cayó 10% en términos reales respecto del mismo período de 2025, mientras que las transferencias para obras a las provincias se redujeron 52%.
De los 1.241 proyectos activos, solamente el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. El monto devengado fue de aproximadamente $0,7 billones, equivalente al 26% del crédito vigente. El área de Transporte concentró la mayor parte de los recursos ejecutados.
En cuanto al dinero transferido a las provincias, Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los fondos. La distribución fue dispar: mientras esas cuatro jurisdicciones recibieron recursos para distintos proyectos, otras provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no obtuvieron fondos durante el período analizado.
Los recursos tuvieron diferentes destinos según cada provincia. Tucumán recibió fondos para obras vinculadas con el transporte de energía eléctrica y la repavimentación de rutas; Catamarca y Salta obtuvieron financiamiento para proyectos de agua potable y alcantarillado; mientras que San Luis destinó parte de los recursos a programas de vivienda.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar hacia un nuevo modelo de infraestructura, con una menor participación directa del Estado nacional. La estrategia contempla transferir determinadas rutas a las provincias y promover concesiones privadas para la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales. Ya se firmaron acuerdos con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro, mientras que otras jurisdicciones mantienen negociaciones.
El Ejecutivo también impulsa la Red Federal de Concesiones, mediante la cual pretende transferir al sector privado la operación, mantenimiento e inversión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. De esta manera, la administración nacional busca reemplazar progresivamente el esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado por un sistema basado en concesiones, peajes y participación provincial.
