El Gobierno nacional denunció que la empresa británica THALES UK LIMITED realizó vuelos entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esta situación, el presidente Javier Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos correspondientes para determinar las sanciones y avanzar con las acciones legales.
Según informó la Casa Rosada, las operaciones fueron detectadas en la ruta aérea que conecta el archipiélago con Punta Arenas. El Gobierno sostuvo que los vuelos fueron realizados sin la autorización argentina y, por ese motivo, instruyó a los equipos técnicos a avanzar con procedimientos sancionatorios, denuncias penales y las gestiones diplomáticas correspondientes.
La medida se conoció en una jornada en la que el Ejecutivo también anunció nuevas acciones vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía de las islas. En paralelo al caso de los vuelos, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Ese procedimiento busca frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno intimó al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. Si Londres no cumple con el requerimiento, la Argentina anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
En cuanto a los vuelos, el Ejecutivo indicó que además de las actuaciones administrativas y las denuncias penales se realizarán gestiones diplomáticas por las operaciones atribuidas a THALES UK LIMITED. La Casa Rosada sostuvo que continuará utilizando las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas que considere disponibles para defender sus derechos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El episodio se suma a las medidas que el Gobierno viene impulsando contra empresas y personas vinculadas con actividades que considera no autorizadas en torno a las Malvinas. En septiembre, el Ejecutivo ya había iniciado procedimientos sancionatorios contra nuevos involucrados por actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental y había anunciado que continuaría identificando a otros actores para avanzar con las actuaciones correspondientes.
