La Conferencia Episcopal Argentina pidió al Gobierno que prorrogue la emergencia en discapacidad hasta que se sancione y reglamente una nueva ley. El reclamo fue presentado mediante un documento entregado a funcionarios durante una reunión en la que las autoridades religiosas plantearon sus principales inquietudes sobre la situación del sector y también solicitaron revisar los recortes contemplados en el Presupuesto 2027.
Uno de los principales puntos de preocupación es el vencimiento de la emergencia, previsto para fines de diciembre. Mientras el oficialismo consiguió en Diputados un dictamen de mayoría, con 42 firmas, para reemplazarla por un esquema permanente, la oposición reunió 36 firmas para impulsar su prórroga. Ante este escenario, la Iglesia advirtió sobre el riesgo de que el Congreso no complete el proceso legislativo antes de fin de año y el sistema quede sin un marco legal definido.
El documento reconoce que el proyecto oficial puede contener aspectos que representen mejoras, pero cuestiona que una nueva ley pueda aprobarse a costa de finalizar anticipadamente la emergencia o reducir derechos adquiridos. También reclama que durante la discusión sean consultadas las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los profesionales, y que cualquier transición respete el principio de no regresividad establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Iglesia también planteó una serie de obligaciones pendientes vinculadas con el régimen vigente. Entre ellas, reclamó la aplicación de una compensación correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y debía convertirse en la base arancelaria desde enero de 2025. Según el documento, ese ajuste no fue trasladado al sistema y las prestaciones permanecen atrasadas frente a los costos reales.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con las pensiones. La Conferencia Episcopal señaló que existen más de 200.000 trámites pendientes y que en los últimos tres años fueron otorgadas menos de 10.000 pensiones. A su vez, pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027, al considerar que podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos de las personas con discapacidad.
El planteo también incluyó una referencia al acceso a la salud y a los apoyos necesarios para una vida digna, que la Pastoral Social consideró que no deberían quedar sujetos a variables de ajuste económico. Tras el encuentro, los representantes de la Iglesia destacan el carácter respetuoso y constructivo de la reunión y se acordó avanzar en una mesa de diálogo para abordar las distintas problemáticas del sector.
