La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. La sanción busca que el Gobierno avance con las obligaciones establecidas para las universidades públicas.
La medida cautelar exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El reclamo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo ante la Justicia que los plazos otorgados al Estado habían vencido sin que se concretarán los pagos correspondientes.
El magistrado estableció inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento. Este tipo de sanciones, conocidas como astreintes, se utiliza para presionar al cumplimiento de una obligación judicial. En este caso, la medida recae sobre Santilli por su función al frente de la Jefatura de Gabinete.
El conflicto se enmarca en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue condicionada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 759/2025. Esa disposición fue cuestionada judicialmente y Cormick declaró inconstitucional la cláusula que supeditada la ejecución de la norma a la identificación de los recursos presupuestarios. El Gobierno apeló ese fallo, por lo que la discusión de fondo deberá ser analizada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sin embargo, la apelación no dejó sin efecto la medida cautelar que ordena avanzar con la recomposición salarial y la actualización de las becas. Esa resolución había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2026. Ante la falta de cumplimiento, el juez intimó al Estado a ejecutar las medidas dentro de un plazo determinado y, después de que vencieran las prórrogas, resolvió aplicar la sanción económica.
La decisión se conoció en la víspera de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país. Docentes, estudiantes y trabajadores no docentes volverán a reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y la aplicación efectiva de la ley. Mientras continúa la disputa judicial, la multa busca que el Gobierno cumpla con las obligaciones establecidas en la medida cautelar.
