El oficialismo en el Senado anunció un acuerdo con bloques aliados para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este miércoles los principales cambios incorporados al proyecto, que recibió aportes de legisladores de distintas fuerzas políticas y de representantes sanitarios de las provincias. El objetivo es conseguir dictamen este jueves y llevar la iniciativa al recinto la próxima semana.
Uno de los principales cambios está relacionado con las internaciones involuntarias. La propuesta establece que podrán indicarse ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Para decidirlas, se requerirá la intervención de profesionales de la salud, con participación médica y un abordaje interdisciplinario. La Justicia deberá ser notificada y podrá solicitar informes o peritajes, pero no será la encargada de determinar por sí misma la necesidad médica de la internación.
El proyecto también mantiene la prohibición de crear manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales, uno de los puntos centrales de la legislación vigente. Además, incorpora cambios en la atención de las adicciones, que incluirán tanto las relacionadas con sustancias como otras problemáticas, entre ellas la ludopatía. La iniciativa busca ampliar las herramientas de prevención, tratamiento y acompañamiento de las personas afectadas.
Otro de los puntos acordados es la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental. También se prevé ampliar de 24 a 48 horas el plazo para que un equipo interdisciplinario ratifique determinadas internaciones de urgencia dispuestas inicialmente por un solo médico. A su vez, se habilitarán teleconsultas con psiquiatras en zonas donde no haya especialistas disponibles y se reconocerá la participación de los psicólogos en las evaluaciones y las altas.
La reforma contempla además medidas específicas para niños, niñas y adolescentes, con equipos especializados y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También incorpora planes de egreso para internaciones prolongadas, mecanismos de seguimiento y el derecho de las personas a expresar anticipadamente su consentimiento o rechazo a determinados tratamientos. En cuanto a las familias, delimita quiénes podrán intervenir y establece que el Estado deberá garantizar apoyos cuando no exista una red familiar capaz de acompañar al paciente.
El acuerdo incluye a legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, además de aportes de sectores del peronismo. Las comisiones de Salud y de Legislación General fueron convocadas para este jueves a las 15.30, cuando se buscará firmar el dictamen. Si el oficialismo consigue avanzar con el trámite parlamentario, intentará debatir el proyecto en el recinto la próxima semana. Hasta entonces, los cambios anunciados forman parte de una propuesta legislativa y todavía no están vigentes.
