La Justicia federal de San Isidro procesó a Facundo Leal, expresidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), en una causa que investiga presuntas coimas, contrataciones direccionadas y sobreprecios en acuerdos con una empresa logística. El juez federal Lino Mirabelli también dispuso un embargo de $3000 millones sobre los bienes del exfuncionario, quien estuvo al frente de la compañía durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei.
La investigación se centra en los contratos firmados con Argentina Logistic Services (ALS), empresa que prestó servicios de transporte, movimiento de cargas y almacenamiento de equipos para ARSAT. Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, la firma recibió 16 órdenes de compra mediante contrataciones directas que, según la resolución judicial, no habrían respetado los procedimientos internos correspondientes.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, ARSAT pagó a la empresa alrededor de US$1,7 millones y $32,2 millones. Para el magistrado, el mecanismo utilizado para comparar precios habría sido una simulación destinada a favorecer a la proveedora. Entre los elementos analizados figuran ofertas presuntamente vinculadas con personas relacionadas con ALS y una cuenta de correo electrónico atribuida a una empresa competidora.
La causa se inició en enero de 2024, después de que ARSAT denunciara el robo de equipos almacenados en un depósito de ALS, en San Fernando. El perjuicio por los elementos sustraídos fue estimado en más de US$150.000 y casi $5 millones. A partir de esa denuncia, la investigación avanzó sobre las contrataciones y los vínculos entre funcionarios públicos y directivos de la firma privada.
El expediente también incluye conversaciones que, según la interpretación del juez, aportarían indicios sobre negociaciones de los contratos y presuntos pagos fuera de los registros formales. Además de Leal, fueron procesados otros exfuncionarios de ARSAT y empresarios vinculados con ALS. La resolución atribuye a los involucrados distintos delitos relacionados con la administración fraudulenta, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el pago o recepción de sobornos.
Durante su declaración indagatoria, Leal negó haber intervenido en las contrataciones cuestionadas y sostuvo que no existían mensajes, correos electrónicos ni documentos que lo vincularon con las maniobras investigadas. Sin embargo, el juez consideró que las conversaciones y los testimonios reunidos en el expediente constituían elementos suficientes para dictar el procesamiento. El exfuncionario, además, cumple arresto domiciliario en una causa paralela por drogas, que se inició tras el hallazgo de sustancias y dinero en efectivo durante allanamientos.
