La Fiscalía del estado de Florida emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en febrero de 1996. La medida fue anunciada el lunes por el fiscal general estatal, James Uthmeier, y se vincula con la muerte de cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan y acusa a Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Según la investigación, el exmandatario, que en aquel momento se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría participado en la cadena de decisiones que autorizó el ataque contra las aeronaves.
El episodio ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna desarmadas de Hermanos al Rescate. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Un tercer avión logró escapar. La organización realizaba vuelos de búsqueda y asistencia para ayudar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
Las autoridades de Florida sostienen que agentes de inteligencia cubanos se infiltraron en la organización y transmitieron información sobre los planes de vuelo a las autoridades de La Habana. La declaración jurada del caso también señala que Castro habría impartido instrucciones para atacar las aeronaves cuando aparecieran, sin necesidad de consultar a otros funcionarios. La acusación se apoya, entre otros elementos, en información sobre la operación y en antecedentes de la investigación.
La medida estatal se suma a la acusación presentada por la Justicia federal estadounidense en mayo de 2026, que también vinculó a Raúl Castro con el derribo de las avionetas y otros presuntos delitos. Los procesos son independientes y se tramitan bajo jurisdicciones diferentes. Por el momento, no está claro si el exmandatario será llevado ante un tribunal estadounidense, aunque las autoridades de Florida advirtieron que la orden podría limitar sus desplazamientos internacionales y permitir su detención si viaja a un país que coopere con Estados Unidos en materia de extradición.
El Gobierno cubano rechazó la decisión. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la orden como una maniobra política y cuestionó las motivaciones de las autoridades estadounidenses. El caso se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, marcado por nuevas medidas de presión contra el Gobierno cubano y por una disputa que, tres décadas después del derribo, vuelve a ocupar un lugar central en la relación bilateral.
